Sentencian a 13 años de prisión a ex alcalde de Yahualica
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Pachuca, Hidalgo | 17 de Abril del 2026 | Grupo GHOAM
Luego más de siete horas de audiencia, Elías San Juan Sánchez, ex presidente municipal de Yahualica, fue sentenciado a 13 años con seis meses de prisión por hechos ligados a la estafa siniestra.
Un Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH) resolvió condenarlo por hechos que la ley señala como peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades ambos en su modalidad agravada.
Lo anterior en perjuicio de la administración pública de Yahualica durante el periodo 2020-2024, cuando ocurrió el desvío de recursos en el que participaron municipios, dependencias estatales y empresas fantasmas.
El asunto radicado bajo el número 185/2024 en contra del ex alcalde estuvo a cargo de la jueza presidenta Diana Villarreal Quintero, el juez relator José Luis Crespo García y el tercer integrante Miguel Ángel Galindo Nájera.
La resolución ocurrió durante la etapa intermedia, esto luego de que el procedimiento se regresó para que se pudiera llevar a cabo el procedimiento abreviado que terminó en la condena de 13 años con seis meses.
Además de una multa de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivale a 48 mil 110 pesos.
La resolución incluyó una disculpa pública y el compromiso de no repetición, de igual manera el Tribunal determinó la suspensión de los derechos políticos y civiles del presidente municipal.
Aunque el asunto ya estaba en la etapa de juicio oral, fue posible el procedimiento abreviado porque los jueces aplicaron control difuso Fue en noviembre de 2022 cuando la Estafa Siniestra se dio a conocer y el exalcalde de Yahualica fue uno de los primeros cuatro alcaldes detenidos junto con los de Nopala, Huautla y Epazoyucan.
Y Elías fue vinculado a proceso dentro de la causa penal 1511/2022 por peculado agravado por la presunta distracción de 29 millones 224 mil 727.36 pesos.
El artículo 308 del Código Penal para el Estado de Hidalgo indica que comete peculado el servidor público que para su beneficio o el de otra persona física o moral, se apropie, utilice o distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otro bien perteneciente al Estado.
