¿Terrorismo para un reportero? Cosas que solo suceden en Veracruz
>>La peligrosa elasticidad de la ley en Veracruz. (Quetzalli Carolina Vázquez)
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Xalapa, Veracruz | 26 de Diciembre del 2025 | Grupo GHOAM
La detención y vinculación a proceso de un reportero de la fuente policiaca en Coatzacoalcos Veracruz, acusado del delito de terrorismo, es un tema delicado y alarmante para el ejercicio periodístico.
De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía General del Estado imputó al reportero los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, logrando que un juez de control decretara prisión preventiva oficiosa, una de las medidas más severas contempladas en la ley.
La pregunta es inevitable: ¿Qué tan grave debió ser la conducta de un reportero para que el Estado considere que se configuró el delito de terrorismo?
La interrogante cobra mayor peso si se recuerda que, cuando explotó un coche bomba en México, tanto Omar García Harfuch como la Fiscalía General de la República fueron enfáticos al señalar que no se trató de un acto de terrorismo.
Si un atentado con explosivos no alcanzó ese calificativo en el ámbito federal, ¿qué acción atribuida a un periodista sí lo amerita en Veracruz? El delito de terrorismo, por definición legal, implica la intención de generar terror o zozobra en la población con el fin de presionar a la autoridad o desestabilizar al Estado, no es una figura menor ni una imputación accesoria, es una de las acusaciones más graves que puede formular una fiscalía.
Por eso preocupa -y mucho- que se invoque contra un comunicador sin que, hasta ahora, se haya explicado con claridad qué acto concreto cumplió con esos extremos jurídicos.
La prisión preventiva oficiosa no solo priva de la libertad al reportero antes de una sentencia, sino que le castiga de facto, inhibe y envía una señal de advertencia al gremio.
Y no se trata de defender impunidades ni de negar que existan responsabilidades individuales si es que hubo delitos cometidos por el comunicador; se trata de exigir proporcionalidad y claridad jurídica en el caso.
Si un reportero puede ser acusado de terrorismo mientras un carrobomba no lo es, entonces el problema ya no es jurídico sino político, autoritario y profundamente peligroso para la libertad de prensa en Veracruz.
Por esta razón se espera que la Fiscalía del Estado que encabeza Lisbeth Aurelia Jiménez, informe con claridad y certeza qué hechos le llevaron a determinar que el reportero es un terrorista, que el delito se cometió y que no se trata de un acto de represión a la prensa.
El reportero veracruzano fue detenido y vinculado a proceso a unas horas de la noche buena y será el próximo 29 de diciembre cuando se lleve a cabo su audiencia de continuación.
