El Poder Judicial de la Federación debe decidir sobre los límites del Fuero Militar en casos de violaciones a derechos humanos
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Ciudad de México, México | 21 de Septiembre del 2026 | Grupo GHOAM
El Juzgado Octavo de Distrito en Sinaloa, con sede en Mazatlán, deberá analizar el amparo 914/2025 durante la audiencia constitucional prevista para el próximo 24 de septiembre.
El juicio fue promovido por las familias de Leidy Rojas González y Alexa Medina Pérez, quienes perdieron la vida el 6 de mayo de 2025 durante un ataque contra la camioneta en la que viajaban con sus familiares.
Tras los hechos, la Fiscalía de Justicia Militar inició una investigación y realizó diversas diligencias relacionadas con la escena, indicios, documentación operativa, armamento y municiones.
Posteriormente, la Fiscalía General de la República abrió una investigación en el fuero civil, la cual fue judicializada y derivó en la vinculación a proceso de 13 elementos del Ejército Mexicano.
La demanda cuestiona que las autoridades militares puedan mantener investigaciones paralelas cuando los hechos involucran a civiles y podrían constituir graves violaciones a derechos humanos.
El planteamiento también señala posibles afectaciones derivadas del control inicial de la escena y del resguardo de indicios, además de cuestionar la investigación de los mandos militares presentes durante los hechos.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que la Corte Interamericana ha establecido que las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles deben ser investigadas y juzgadas por autoridades civiles.
La resolución del Juzgado Octavo de Distrito podría establecer los límites de la jurisdicción militar en casos donde estén involucradas personas civiles y definir el alcance de las investigaciones paralelas entre autoridades militares y civiles.
