“O renuncian a su religión o se largan de la comunidad”, autoridades comunales
>>En un poblado de Huejutla, las autoridades comunales obligaron a 10 familias protestantes a renunciar a su Fe, solo 2 se negaron y corren el riesgo de ser desterradas.
Staff | Diario La Voz De Tantoyuca
Huejutla, Hidalgo | 16 de Septiembre del 2021
La organización internacional Christian Solidarity Worldwide (CSW) lanzó una advertencia al gobierno del estado de Hidalgo y al gobierno federal del riesgo que corren dos familias de ser desterradas solo por tener creencias religiosas distintas a las de su comunidad.
La CSW explica que dos familias protestantes están bajo amenaza de desplazamiento forzado a manos de líderes comunitarios de la localidad de La Mesa Limantitla.
En una reunión comunitaria efectuada el 6 de septiembre, a las dos familias, que pertenecen a la Primera Iglesia Bautista en La Mesa Limantitla en el municipio de Huejutla de los Reyes, se les prohibió hablar y se les amenazó con ser desconectadas de los servicios esenciales o expulsadas de la comunidad si continúan celebrando servicios religiosos y no pagan el resto de una multa que se les impuso por practicar otra religión, en enero de 2020.
La amenaza se produce poco más de un mes después de que los líderes comunitarios José Marcos Martínez y Julio Alvarado Hernández convocaron a una reunión con Nemesio Cruz Hernández y Eligio Santiago Hernández el 3 de agosto, durante la cual les hicieron amenazas similares y les ordenaron que dejaran de realizar servicios religiosos en la casa de Bartolo Martínez Hernández.
Aunque no fue citado a la reunión del 6 de septiembre, Bartolo Martínez Hernández también fue multado por permitir que se realizaran servicios religiosos en su domicilio.
Las familias protestantes en La Mesa Limantitla han estado bajo presión durante más de dos años y medio, después de que muchas se vieron obligadas a firmar un acuerdo para que renunciaran a su fe en enero de 2019.
Mientras que ocho familias firmaron el acuerdo, el Sr. Cruz Hernández, el Sr. Santiago Hernández y sus esposas, Maria Francisca Martínez Hernández y Angelina Martínez Hernández, se negaron a hacerlo.
Como resultado, su acceso al agua, alcantarillado, programas de beneficios gubernamentales y el molino comunitario estuvo bloqueado durante más de un año hasta que se vieron obligados a firmar un acuerdo interno el 15 de enero de 2020 en el que renunciaron a su derecho a realizar servicios religiosos y aceptaban pagar una multa por su desobediencia.
Las autoridades estatales pagaron parte de esa multa de $ 57,700 pesos para evitar un conflicto mayor, sin embargo, las familias protestantes han seguido siendo amenazadas con el desplazamiento forzado en varias reuniones de seguimiento durante 2020 y 2021, incluso el 22 de agosto y el 7 de noviembre de 2020.
El monto de la multa se basa en los costos incurridos por los líderes comunitarios en sus esfuerzos por que se detenga cualquier investigación sobre delitos o violaciones de derechos humanos asociados al caso.
La Jefa de Defensa de CSW, Anna-Lee Stangl, dijo: “CSW hace un llamado al gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y al Director de Asuntos Religiosos de Hidalgo, Ivan Huesca, para que intervengan en La Mesa Limantitla con urgencia. Si el gobierno estatal se niega a proteger los derechos de las minorías religiosas, el gobierno federal debe intervenir.
El gobierno, tanto a nivel estatal como federal, debe abordar la cultura de impunidad que ha permitido que violaciones como estas pasen sin control durante demasiado tiempo, asegurando que familias como las de Cruz Hernández y Santiago Hernández sean libres de practicar cualquier religión o creencia de su elección sin verse obligados a pagar multas ilegales o enfrentarse a la presión de renunciar a sus creencias bajo la amenaza de acciones delictivas, incluida la interrupción de los servicios básicos y el desplazamiento forzado “.
