Denuncian como ilegal y arbitraria la detención de ex diputada Gabriela Arango en Puebla
>>Documentos judiciales establecen que la menor fue entregada voluntariamente por su madre. >>Juez había otorgado custodia provisional de menor a abuela paterna en Tuxpan.
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Puebla, México | 14 de Marzo del 2026 | Grupo GHOAM
La reciente detención de la exdiputada local y exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Arango Gibb, ha generado cuestionamientos en distintos sectores jurídicos y sociales, luego de darse a conocer que la exfuncionaria cuenta con respaldo judicial para la guarda y custodia provisional de su nieta, una menor identificada con las iniciales M.E.A.V.
De acuerdo con el expediente 650/2025, un juez del Poder Judicial del Estado de Veracruz otorgó el depósito judicial de la menor a favor de Gabriela Arango Gibb, en su calidad de abuela paterna. La resolución fue aceptada formalmente el 10 de julio de 2025, al considerar que la menor contaba bajo su cuidado con un entorno estable y seguro.
Otro elemento relevante del caso es que la propia madre de la menor, Michel Valdéz, realizó la entrega voluntaria de la niña el 10 de mayo de 2025, decisión que quedó documentada dentro del proceso.
La entrega se realizó incluso en presencia de una enfermera, por lo que desde esa fecha la menor ha permanecido bajo el cuidado de su abuela en la ciudad de Tuxpan.
Aunado a ello, fuentes cercanas al proceso han señalado que diversos traslados de la menor se realizaron con consentimiento expreso de los padres, existiendo registros y comunicaciones que respaldan dichas autorizaciones, incluyendo gestiones para la tramitación de pasaporte y la posibilidad de viajes internacionales.
Paralelamente se desarrolla un juicio de guarda y custodia dentro del expediente 830/2025-III, en el cual se analiza incluso la posible pérdida de la patria potestad de los progenitores por presunta omisión de cuidados.
Como parte de este proceso, el Juzgado de Tuxpan emitió un exhorto al Juzgado de Tampico para la realización de diligencias judiciales y estableció un régimen de convivencia supervisada.
Ante este contexto jurídico, cabe destaca que la detención de Gabriela Arango Gibb resulta cuestionable e incluso podría considerarse arbitraria, toda vez que la menor se encontraba bajo su cuidado con base en una resolución judicial vigente y tras una entrega voluntaria por parte de la madre.
Será finalmente el Poder Judicial quien determine, con base en las pruebas y el debido proceso, las resoluciones definitivas sobre la guarda y custodia de la menor, mientras las partes involucradas han solicitado respeto a la presunción de inocencia y al marco legal que rige el caso.
