Tantoyuca encabeza presunto daño patrimonial con 148.4 MDP en la Cuenta Pública 2025
Clic en la imagen para ampliarla.
Tantoyuca, Veracruz | 23 de Septiembre del 2026 | Grupo GHOAM
La administración que encabezó Jesús Guzmán Avilés se colocó en el primer lugar estatal por presunto daño patrimonial, con un faltante por comprobar de 148 millones 427 mil 493 pesos en la Cuenta Pública 2025.
De acuerdo con el informe del ORFIS, Tantoyuca concentra el mayor monto observado entre los municipios fiscalizados, dentro de un ejercicio que dejó más de 2 mil 700 millones de pesos observados en los 211 ayuntamientos.
El desglose contempla 77 observaciones con presunto daño patrimonial, de las cuales 51.7 millones de pesos corresponden al rubro financiero-presupuestal y 96.6 millones de pesos están relacionados con obra pública.
La cifra coloca a Tantoyuca en el primer sitio de los municipios señalados por el monto de recursos pendientes de comprobar correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Clic en la imagen para ampliarla.
El resultado de la fiscalización pone bajo cuestionamiento el manejo de los recursos públicos durante la administración encabezada por Jesús Guzmán Avilés, particularmente por el elevado monto observado.
El caso cobra mayor relevancia al considerar que la familia Guzmán Avilés ha mantenido presencia en el gobierno municipal durante aproximadamente 26 años, de acuerdo con los antecedentes señalados en la información.
Ante este escenario, surge la interrogante sobre cuánto podría representar el monto acumulado de observaciones durante ese periodo, tomando como referencia que tan solo en la Cuenta Pública 2025 fueron señalados 148.4 millones de pesos.
En segundo lugar aparece Santiago Tuxtla, con 86 millones 469 mil 239 pesos; seguido de Ixhuatlán de Madero, con aproximadamente 70 millones de pesos en observaciones por presunto daño patrimonial.
También figuran Coscomatepec, con 69.2 millones de pesos; Catemaco, con 65.7 millones; Acayucan, con 63.1 millones; Coatzintla, con 60.2 millones; Agua Dulce, con 60.2 millones; Altotonga, con 59.3 millones, e Ilamatlán, con 59 millones de pesos.
Las observaciones señaladas por el ORFIS forman parte del proceso de fiscalización y deberán continuar las etapas correspondientes para su aclaración, solventación y, en su caso, determinación de responsabilidades.
